1.5 Proyectos
Proyecto de la Comisión Federal de Impuestos
Ver la publicación completa en los Anexos
Proyectos de Coparticipación Federal de Impuestos
La Comisión de Coparticipación Federal del Honorable Senado de la Nación ha recibido una gran cantidad de proyectos para la Ley de Coparticipación, que se pueden consultar en www.senado.gov.ar (Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos).
1.6 Normativa de Coparticipación Federal de Impuestos
La normativa que rige actualmente, y sus antecedentes inmediatos es:
- Ley 23.548
- Ley 25.049 Modificatoria de la ley 23.548
- Acuerdo entre el Gobierno Nacional y Los Gobiernos Provinciales (Pacto 1)
- Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (Pacto II)
- Ley 25.235 Compromiso Federal 6/12/99
- Ley 25.400 Compromiso Federal para el Crecimiento y la disciplina Fiscal 17/12/00
- Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de impuestos 27/02/02
- Ley 25.579 Ratificación del Acuerdo del 27/02/02
Los textos completos de estas leyes y acuerdos se pueden ver en el anexo de Normativa,
o en www.comfedim.gov.ar
1.7 Laberinto de la Coparticipación
2. Formulación del problema
Actualmente existe lo que algunos autores denominan el laberinto fiscal, es decir que falta simplicidad en la legislación tributaria y en la normativa referente a la Coparticipación Federal.
Podríamos estar frente a una anárquica distribución de facultades tributarias entre distintos niveles de gobierno.
Por otra parte, nuestro sistemas tributario actual adolece de numerosas falencias que hacen imposible la implementación de una coparticipación fiscal impositiva justa y equitativa.
Aún no se ha legislado sobre la Coparticipación Federal de acuerdo a lo establecido por la Constitución del 94 ni se ha creado el Organismo Fiscal Federal.
La reforma constitucional de 1994, que pudo haberse limitado a confirmar la validez de la coparticipación, no se redujo a eso, sino que añadió seis densos párrafos al inc. 2 del Art. 67 (ahora 75), y una disposición transitoria sexta, las cuales plantean algunas zonas de incertidumbre y han de dar material para los legisladores, para la doctrina y para la jurisprudencia. Si hace a la coparticipación obligatoria o si admite también otros métodos de distribución de la renta pública; si ha de haber una sola ley, aunque pueda contener varios regímenes; si deben celebrarse acuerdos previos o si ellos radican directamente en la ley-convenio, si la Ciudad de Buenos Aires está excluida de aquellos; si la exigencia de criterios objetivos de reparto excluye los porcentajes fijos; si los criterios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades son excluyentes o complementarios y en que proporciones, si la Nación está excluída del organismo fiscal federal; que implicancias ha tenido el paso del 31/12/96 sin que se haya dictado una nueva ley; si podrá haber leyes que establezcan impuestos y al mismo tiempo, los coparticipen, etc. Son algunos de los muchos interrogantes que plantea el texto sancionado.(6) (E. Bulit Goñi, Prólogo....)
3. Interés actual
Al presente poco se ha cumplido el texto constitucional de 1994. No se ha dictado la ley o leyes convenio y no se ha creado el Órgano Fiscal Federal.
La Constitución Nacional en su Art. 75, inciso 2 incluye:
“...imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias...”. “Las contribuciones previstas en este inciso con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación son coparticipables”.
“Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las Provincias instituirá regímenes de participación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
La distribución entre la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre estas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria, y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
La ley convenio tendrá como cámara de origen el Senado, y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada, y será aprobada por todas las provincias.
No habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la resp0ectiva asignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires, en su caso.
Un organismo fiscal tendrá a su cargo el control, la fiscalización y la ejecución de todo lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.”
Y en el inciso 3º:
“Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de miembros de cada Cámara”
La Constitución dirige también el sentido hacia el cual deben tender las leyes convenio, y que se resumen en tres principios generales:
- La distribución se hará en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción
- debe ser objetiva
- debe ser equitativa y solidaria, de manera tal que se logre un grado equivalente de desarrollo en todas las jurisdicciones.
El artículo 124 dice expresamente “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten a las facultades delegadas al Gobierno Federal o al crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso Nación”
El Art. 125 es claro respecto a que la finalidad es la promoción del bienestar general, es decir la búsqueda del bien común.
Los regímenes de Coparticipación del pasado hasta el año 1994 arrastraban el problema nunca resuelto de su constitucionalidad, ni la Corte Suprema podía resolver este Conflicto, tan sólo en dos oportunidades, y bajo la forma de obiter dictum, afirmó genéricamente que las provincias podían signar acuerdos de contenido económico entre ellas y con la Nación con lo cual ha podido entenderse como una referencia a la coparticipación. (6) (Enrique Bulit Goñi, Prólogo...)
4. Formulación de hipótesis preliminares.
4.1. Diferentes soluciones para la coordinación fiscal (4)
La doctrina ha agrupado las soluciones a los problemas de coordinación fiscal por sus características sustanciales, y ha evaluado las ventajas y desventajas de cada una, y tiene en cuenta especialmente los aspectos referentes a los recursos y no a los gastos, Jarach dice que los países y la doctrina han creado diversas soluciones o esquemas tocando la distribución de los recursos.
Estas soluciones son:
- Concurrencia
- Separación y asignación de fuentes para cada nivel de organización estatal
- Participación, con sus variantes
- Cuotas adicionales.
- Asignaciones globales
- Asignaciones condicionadas
Concurrencia:
Este sistema equivale a la ausencia total de coordinación. Permite la libre concurrencia en las medidas financieras de los distintos niveles de administración. Todas ellas tienen libre acceso a todas las fuentes financieras y tributarias.
Como ventajas de este sistema se pueden mencionar la responsabilidad de cada poder en la elección de los instrumentos tributarios y la altura de sus alícuotas, y por lo tanto la obligación de controlar sus gastos y controlar su gestión administrativa (desde luego, cuando los poderes están constituidos por representantes de los mismos grupos sociales que los contribuyentes)
Como desventajas, las principales son:
- Multiplicación de administraciones fiscales y sujección a los contribuyentes a repetidas fiscalizaciones.
- Creación de oasis fiscales en algunas regiones y alta presión tributaria en otras, generando diferencias en las condiciones de ubicación de las actividades productivas y del nivel de vida.
- Falta de unidad del sistema tributario, tanto en la observancia de los propósitos comunes de equidad y justicia como en el aspecto de política fiscal para el desarrollo y la estabilización, como para la posibilidad de redistribución de ingresos.
Separación
Este sistema asigna a cada nivel de gobierno determinados recursos para su explotación exclusiva.
El sistema de separación resulta inadecuado no sólo en el aspecto de la suficiencia de recursos para las cambiantes necesidades de financiación, sino también respecto del problema de la política fiscal, de la equidad de la distribución de la carga, de la redistribución de ingresos y de la estabilización y desarrollo. Es en general un sistema insatisfactorio, siguiendo al de concurrencia en el logro de la mayor autonomía de las finanzas de los diferentes niveles estatales, pero a veces esta autonomía no es tal en la práctica, por la deficiencia o inflexibilidad de las fuentes.
Participación
El sistema de participación, como los que siguen, tienen la característica de no distribuir las fuentes de los ingresos sino el producto.
Sus ventajas son:
- Evita la superposición de gravámenes
- Se eliminan duplicaciones de administración y fiscalización a los contribuyentes.
- Se puede seguir una política fiscal unitaria en adecuación a la capacidad contributiva conjunta y sectorial, de redistribución de ingresos, de estabilidad y desarrollo económico social
- Se hace accesible a los estados y entidades descentralizadas como los municipios el acceso a fuentes que de otra manera no serían accesibles.
Su desventaja principal es sacrificar la autonomía de cada nivel de administración de elegir los instrumentos tributarios, la intensidad en su utilización, exenciones y franquicias a conceder, etc.
Cuotas adicionales
En común con el anterior, el poder fiscal dicta a norma tributaria, es decir posee la soberanía del objeto y estructura libremente el impuesto, mientras que los otros niveles de administración establecen cuotas adicionales. Normalmente se fijan topes a los porcentajes adicionales. Es el sistema utilizado por Francia, Holanda, Italia, Suecia y otros países de Europa Occidental.
Su ventaja consiste en la unicidad en la administración y fiscalización, y da mayor autonomía a los diferentes niveles.
Su principal dificultad consiste en la técnica, en función de criterios políticos, de asignar a diferentes estados la facultad de sobreimponer, cuando los hechos económicos sujetos al tributo se producen en varias jurisdicciones.
Asignaciones Globales
Son entregas de fondos al sistema sin afectación a gastos determinados ni vinculadas al cumplimiento por los estados beneficiados, de ninguna tarea, creación o mantenimiento de servicios a determinados niveles.
Asignaciones condicionadas
A diferencia del anterior, las asignaciones están supeditadas al cumplimiento por los estados participantes de algunas tareas, la implantación y mantenimiento de servicios públicos, u otras condiciones
Descentralización Tributaria: la experiencia internacional
La experiencia internacional muestra alternativas que son afectadas por los componentes políticos, históricos y culturales de cada sociedad. Normalmente los gobiernos nacionales retiene las funciones que afectan a la comunidad en su conjunto, como la seguridad, relaciones internacionales, preservación del orden interno, políticas macroeconómicas, etc.
El análisis de ejemplos extranjeros no podrá darnos la solución ideal, sino elementos para guiarnos en nuestra elección, la que estará condicionada por otros factores.
Canadá
En este país la Constitución marca los lineamientos de la estructura tributaria. El gobierno federal tiene la facultad de recaudar por cualquier modo o sistema de imposición, mientras las provincias sólo pueden hacer uso de la imposición directa dentro de sus jurisdicciones.
Canadá tiene instrumentado un sistema de transferencias intergubernamentales de recursos, que articula las necesidades de las provincias en su conjunto, y las de aquellas con menor capacidad fiscal en particular. Estas transferencias con realizadas mediante convenios o arreglos fiscales entre el gobierno federal y los provinciales.
Australia
Tiene un sistema de federación centralizada, donde el gobierno federal concentra alrededor del 80% de los recursos, mientras que los estados realizan el 50% de los gastos.
Tiene una completa separación impositiva, con control del gobierno central de toda fuente tributaria lucrativa.
En esta forma, los impuestos a las rentas, de personas físicas o sociedades, las sisas, el impuesto a las ventas y los aranceles aduaneros son del gobierno central. Los estados retienen el impuesto sobre los salarios, inmobiliario, de sellos y las patentes automotores.
Sin embargo, desde 1976 los estados han tenido el derecho (como en Canadá) de imponer sus propios impuestos a la renta en forma de cuotas suplementarias del impuesto federal, actuando el gobierno central como agente recaudador.
El desbalance vertical que produce este sistema es solucionado por transferencias, que pueden ser generales o específicas, corrientes o de capital.
Estados Unidos
Tiene una federación de 50 estados, el distrito de Columbia y Puerto Rico, y alrededor de 10.000 unidades gubernamentales municipales.
La distribución del poder fiscal fue muy discutida al comienzo de la federación entre los que proponían un gobierno central fuerte y los partidarios de una gran descentralización. En la Constitución no se limitaron las funciones del gobierno central, pero se establecieron facultades para crear impuestos. En los cuadros siguientes se muestra la composición de las funciones de Gastos y Fuentes de Ingresos al año 1995
Gastos
|
Gobierno Federal |
Estados y Municipios |
||
|
Defensa Nacional |
28% |
Educación |
42% |
|
Programas de acción social (ancianidad, desocupación, salud, etc) |
37% |
Vialidad |
7% |
|
Intereses |
14% |
Bienestar Social |
14% |
|
Otros: (educación cultura, recursos naturales, investigación, etc) |
21% |
Seguridad y otros |
37% |
Recursos
|
Gobierno Federal |
Estados y Municipios |
||
|
Impuesto a las ganancias (p. físicas) |
45% |
Otros ingresos |
29% |
|
Imp. a las ganancias (sociedades) |
13% |
Impuesto a las ventas |
21% |
|
Contribuciones sociales |
36% |
Impuesto a la propiedad |
18% |
|
Otros impuestos |
6% |
Subsidios federales |
18% |
|
Otros impuestos |
6% |
Ganancias (pers. físicas) |
12% |
|
|
|
Ganancias (sociedades) |
2% |
Como se puede observar, se aplica el uso de la misma base impositiva por parte de múltiples jurisdicciones.
El impuesto a las ganancias de personas físicas se recauda en la mayoría de los estados (sólo 7 no lo cobran) definiendo sus propias bases impositivas, aunque tienden a ser similares a las del gobierno federal. El impuesto federal permite deducir los estaduales de su propia base, para reducir las diferencias entre los estados. Muchos gobiernos municipales gravan con un impuesto a las ganancias en forma de carga social a los ingresos de los no residentes. El impuesto a las ventas minoristas de recauda en 46 estados, a tasas de hasta el 8%.
Conclusiones sobre las diferentes soluciones
Al reseñar los métodos seguidos por los diferentes estados para solucionar el problema de la coordinación financiera podemos decir que Alemania ha evolucionado descentralizando la recaudación, pero reservando al estado federal la legislación tributaria, Canadá ha reforzado su sistema de asignaciones muy cercano a la participación, Brasil ha consagrado su predilección por la separación de fuentes, y los EE.UU. han mantenido su inclinación hacia las asignaciones condicionadas, en algo como un “federalismo cooperativo”.
4.2. Análisis de los parámetros a considerar para la Coparticipación
4.2.1 Equidad.
El criterio de equidad que exige la Constitución ha sido interpretado jurídicamente como justificando el carácter devolutivo, es decir, el reparto de la recaudación se lleva a cabo en función de la magnitud de recursos que la provincia hubiese generado de haber recaudado ella misma todos los impuestos de su jurisdicción.
En la coordinación financiera surge el problema de la observancia de los principios de igualdad y equidad en las cargas que se imponen a los contribuyentes.
La distribución de los gastos y recursos entre los diferentes niveles de la organización estatal debe tender a asegurar el respeto de los principios de igualdad y equidad en las cargas que se imponen a los contribuyentes que la conciencia social considera válidos respecto de los individuos y grupos afectados por la actividad financiera del Estado.
La equidad que exige el texto constitucional, para otros doctrinarios, es precisamente el criterio de justicia, el viejo y siempre presente concepto de dar a cada uno lo suyo. Esta concepción tradicional deja en evidencia como demasiado estrecha la intención de circunscribir el término “equidad” a un carácter meramente devolutivo, como lo ha establecido Bulit Goñi a quien ha seguido parte de la doctrina nacional.
Para algunos autores restringir el criterio de equidad a una distribución a la Nación y a cada provincia según su aporte no condice con la intención normativa, más allá de la dificultad objetiva para determinar cual es realmente el aporte de cada una de las provincias y la Nación; si ello se tomará en función de la ubicación del negocio o domicilio fiscal; o si se tomará la boca de expendio final o el lugar de fabricación, etc; aún cuando se pudiera determinar exactamente el aporte de cada provincia el criterio de equidad es más amplio y rico que la mera devolución del aporte efectuado.
El “lo suyo” de cada provincia y la Nación, exigido por el concepto de “equidad”, se compone de algo más que la relación de sus aportes reales a la masa a distribuir. Integra el “suyo” de cada copartícipe la garantía de los derechos mínimos de sus ciudadanos en carácter de habitantes del suelo argentino. No es el principio de solidaridad el que debe inspirar el reconocimiento de los derechos básicos y fundamentales de los habitantes de una provincia de nuestro país; ese reconocimiento se funda en la justicia y no en la solidaridad, porque el derecho fundamental es “suyo”, y no un resultado de una mayor o menor actitud de solidaria de los demás copartícipes.
Si pretendemos ejercer soberanía sobre lejanas tierras, como la Patagonia o el Altiplano, necesariamente deberá haber allí asientos poblacionales, integrados por personas a las que necesariamente se les deberán garantizar sus derechos fundamentales, y será la justicia la que inspirará la cobertura de esos “necesariamente” y no la solidaridad. Por lo expuesto, la equidad no sólo inspirará y regirá la distribución secundaria, sino también la primaria, no sólo será la devolución, para algunos, según el aporte de cada uno sino también la redistribución será la exigida por la equidad según el caso.
Las necesidades de la distribución ajustada a la equidad traerán también como consecuencia necesaria la adopción de controles, por parte del organismo fiscal federal, cuya inexistencia haría ociosa la introducción del requisito en el texto constitucional. Asimismo se tratará de un control ex ante de los parámetros que fundan la distribución justa, y ex post del destino de los fondos entregados con fundamento den determinada situación que reclamaba una solución equitativa.
”Al aplicar sofisticados instrumentos de medición cuantitativa, los estudios
actuales evidencian que en las sociedades con alto nivel de desigualdad se
reduce la posibilidad de formación de ahorro nacional, la falta de equidad daña
severamente las posibilidades de que la mayoría de la población alcance un
nivel educativo básico, las limitaciones en materia educativa dificultan que se
pueda absorber tecnología avanzada, la desigualdad afecta negativamente la
productividad laboral y la población tiene poca confianza en sus autoridades,
que por ende no tendrán una base de apoyo para lanzar políticas renovadoras”
4.2.2 La solidaridad
La Constitución establece que el acuerdo debe ser solidario. Este principio ha sido asimilado al criterio de redistribución territorial de los recursos. Este criterio establece el monto a distribuir sobre las diferencias en las bases tributaria y los recursos naturales; en otras palabras, se le asigna una coparticipación mayor a aquellas provincias que cuentan con una menor capacidad tributaria y, o escasez de recursos naturales.
No es nuestra Constitución, desde 1994, la primera que menciona la virtud de la solidaridad expresamente en su texto; la Constitución de la República Italiana dice, en su Art. 2. “ la Constitución reconoce garantiza los derechos inviolables del hombre, ya sea como individuo, ya sea en las formaciones sociales donde se desenvuelve su personalidad, y exige su cumplimiento
La ley de coparticipación 20.211 empleó como criterios solidarios para la redistribución la “brecha de desarrollo” entre la provincia en cuestión y la más desarrollada, e incluso el de “densidad territorial” en función del promedio del conjunto de provincias.
La distribución sobre bases solidarias exige, supone necesariamente, la fuerte presencia del control de la realidad fáctica, que fue considerada y tenida en cuenta como fundamento a los fines de la reasignación de recursos y también del destino de los fondos por parte del organismo de control.
Se podría considerar para una distribución solidaria la existencia en cada lugar de:
- la incidencia de la distribución geográfica del gasto público
- de los Aportes del Tesoro de la Nación
- de programas especiales de los distintos organismos nacionales
- de regímenes de promoción industriales y no industrial (en especial la distribución de los créditos impositivos);
- otros regímenes especiales de devolución de recursos.
No es posible instaurar pautas y criterios de equidad y solidaridad si estos se ven interferidos por otros mecanismos creados por la Nación – ya sea por sus órganos legislativo o ejecutivo – en virtud de los cuales se distribuyen recursos que son, en la mayoría de los casos, detraídos inconstitucionalmente de la masa coparticipable, con criterios muchas veces caprichosos o interesados y, por ello, arbitrarios. Debería existir una relación inversa entre el volumen de ayudas recibidas “por fuera” del régimen de coparticipación y los recursos que se distribuyan por el criterio de solidaridad.
Por las razones expuestas, se impone como conclusión necesaria que los montos distribuidos en razón del criterio de solidaridad deben ser totalmente controlados. Por lo tanto, en ningún caso podrán estar constituidos por transferencias incondicionadas.
4.2.3 Desarrollo, Calidad de vida e igualdad de oportunidades
Aquí se postula la necesidad de brindar igual cantidad de servicios y bienes públicos, así como brindar igualdad de oportunidades a todos los argentinos. Se desprende que el sistema de coparticipación deberá contemplar las necesidades de desarrollo regional, servicios económicos ligados a la infraestructura económica y demás factores que influyen en el desarrollo, a la hora de determinar el financiamiento de las distintas provincias.
El objetivo de “prioridad en el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional” planteado en el Art.75, inciso 19 de la Constitución Nacional está planteado aquí como una obligación de medio, de modo d efectuar la distribución de los recursos proveyendo al “desarrollo armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio”. Por lo tanto, aquí se condiciona tanto la distribución primaria como la secundaria.
El Tratado de la Unión Europea puede servir de guía en tanto y en cuanto desde su normativa se pone en evidencia la clara conciencia de las necesidades de políticas activas en ciertos y determinados casos. Dice en su Art. 92 “podrán considerarse compatibles con el mercado común...
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico en regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo;
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.
4.2.4 En relación directa a las competencias, servicios y funciones:
Se desprende que no se establecen rigideces ni perpetuidades, pudiéndose cambiar los porcentajes de coparticipación de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en las provincias.
4.2.5 Objetividad:
La Constitución establece la condicionalidad de que el acuerdo se construya sobre la base de determinada objetividad en el reparto de las rentas fiscales: los gastos deben adecuarse a estimaciones de las necesidades genuinas de financiamiento y los montos coparticipables a recibir por cada gobierno deben ser el resultante de fórmulas específicamente diseñadas para medir las necesidades de las provincias.
4.3. El Organismo Fiscal Federal
La Convención instauró un organismo fiscal federal, que puede ser uno ya existente, y le definió su rango constitucional y su función institucional.
El organismo que actualmente existe es la Comisión Federal de impuestos, en la cual están representadas todas las provincias y se basa en la Ley 23.548, que es una verdadera ley convenio, porque está suscrita por todas las provincias. Si bien el texto constitucional menciona al organismo empleando el verbo en futuro, cabe aclarar que lo hace respecto a las facultades “que tendrá a su cargo”. Quiere decir que nada impide que el organismo ya existente sea el que la Constitución Nacional prevé; así lo detecta una importante doctrina constitucional.
A las funciones que hoy tiene la Comisión Federal de Impuestos según el Art. 11 de la ley 23.548, se deben agregar las que implica el nuevo texto constitucional. Se trata del control y fiscalización de la ejecución de lo siguiente:
- que las contribuciones directas que establezca el Congreso lo sean por tiempo determinado, en proporciones iguales en todo el territorio de la Nación y que únicamente se impongan cuando la defensa, la seguridad y el bien común del Estado lo exijan;
- que únicamente las asignaciones específicas establecidas de acuerdo al inciso 3 del artículo 75 de la Constitución sean las que se extraigan de la masa coparticipable, y no como ocurre hoy con cargos destinados a financiar la seguridad social.
- que los gastos para la obtención de fondos coparticipados sean los mínimos indispensables asumiendo el estricto control directo de la AFIP.
- que se garantice la efectiva automaticidad en la remisión de los fondos a las provincias
- que las distribuciones primaria y secundaria sean realizadas conforme a lo establecido en el 3er. párrafo del inc. 2 del Art.75 de la Constitución
- que los copartícipes brinden la información correcta que permita la implementación y aplicación de los criterios de reparto.
- que los fondos atiendan efectivamente aquellos parámetros tomados en cuenta para la aplicación de los criterios basados en principios de equidad y de solidaridad.
- que no se produzcan modificaciones unilaterales a la ley convenio.
- que no ocurran transferencias de competencias, servicios y funciones sin la correspondiente reasignación e recursos, y que esta sea razonable y proporcionada.
Para cumplir estas funciones, la ley convenio deberá dotar al organismo fiscal federal de los medios para hacer efectivo el control y la fiscalización.
Resulta muy interesante el anteproyecto de la Comisión Federal de Impuestos, especialmente sus Art. 6 y 7.
“Artículo 6 – son funciones del Consejo Federal de Coordinación Económica y fiscal con relación a la Nación, Provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios provinciales analizar y coordinar:
a) El ejercicio de las competencias, servicios y funciones a distintos planos de gobierno
b) Los niveles del gasto público en relación con las competencias, servicios y funciones de las jurisdicciones,
c) La correspondencia entre las competencias, servicios y funciones con los recursos de las respectivas jurisdicciones
d) Las acciones que propendan a la aprobación de presupuestos equilibrados en las respectivas jurisdicciones.
e) Los instrumentos tributarios – aún en su etapa de elaboración y en forma previa a su tratamiento legislativo, particularmente en los coparticipados – nacionales, provinciales de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios de provincia, en vista a una adecuada complementación y armonización.
f) la utilización del crédito público, nivel de endeudamiento y programación de las amortizaciones
g) La acción de los organismos recaudadores nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios de provincia
h) El estudio de las medidas económicas que generen fuerte impacto en las economías regionales.
i) La demás funciones que sean razonablemente indispensables para la concreción de las actividades mencionadas, en orden a la finalidad principal de favorecer el federalismo.
Libro Segundo “ Consejo Federal de Administración Tributaria”
Artículo 7 – Créase el Consejo Federal de Administración Tributaria integrado por el Administrador Federal de Ingresos Públicos, y por los Directores Generales de Rentas o funcionarios equivalentes de las jurisdicciones adheridas.
Artículo 8 – Tendrá a su cargo implementar la coordinación de los organismos recaudatorios nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios de modo de optimizar el accionar de las administraciones tributarias. “
5. CONCLUSIONES PRELIMINARES
El presente trabajo se trata de una investigación sobre Coordinación Fiscal, Coparticipación de Impuestos y Bases Conceptuales para el nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y el nuevo Organismo Fiscal de Contralor previsto en el art. 75 de la Constitución Nacional.
- En principio habría que elaborar un sistema tributario más justo, más progresivo y no tan regresivo, para que la coparticipación fiscal sea justa y equitativa, y una reforma orientada a que cada nivel de gobierno asuma sus competencias, teniendo en cuenta la correspondencia fiscal, y sin descuidar los parámetros de equidad y solidaridad que impone la Constitución Nacional; como asimismo considerar los principios de transparencia, simplicidad y certeza para el Sistema. No menos hay que analizar una codificación y armonización de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
- Habría que profundizar la materia y el debate del derecho tributario interestatal. tal como ha dicho Dino Jarach:
“Una materia propia de cualquier estado, pero de más envergadura en los Estados federales y en los unitarios cuando fuese mayor la descentralización de las funciones, es el conjunto de normas que gobiernan la distribución del poder fiscal – o sea, de las facultades impositivas – entre los entes públicos ubicados en los diferentes niveles de gobierno, a los efectos de asegurar la asignación óptima de los recursos totales y de los gastos de inversión o corriente; de lograr una solución más apta en el reparto de dichas facultades, en función redistribuidora de los ingresos sin menoscabo de la equidad con respecto a aquellos que sufran las consecuencias negativas de la redistribución; de promover el desarrollo económico y social del país; .. evitando las dobles imposiciones y promoviendo la pacífica convivencia del Estado Nacional, las provincias y los municipios...”
- Por otra parte se podrán analizar proyectos de reforma de las Administraciones Tributarias Provinciales con asistencia técnica por parte de la Nación, Organismos Internacionales, Afip o del Organismo Fiscal Federal, e intercambio de información sobre base de datos y evasión detectada entre la Nación, las Provincias y los Municipios.
- Es necesario un sinceramiento a nivel político, económico y académico avalado por estadísticas que demuestren a ciencia cierta la eficiencia recaudatoria de las provincias y de la Nación misma, como asimismo tener muy en cuenta los mecanismos de solidaridad de la Nación con las Provincias, y mecanismos justos de redistribución de recursos a través de índices de población, eduación, riquezas, pobreza, supervivencia, etc.
- La coparticipación impositiva es un recurso universal, aunque varíen las fuentes, los recaudadores, los índices son los que superan las desventajas que podría tener la fragmentación del sistema federal. Lo que permite el juego de los índices es atender a la igualdad de oportunidades y a estimular la justicia, porque si a quienes están mal les va mejor, a todos nos va a ir mejor.
- Asimismo en las Bases Conceptuales para diseñar un sistema de coparticipacion federal habría que considerar el potencial del sistema tributario para producir redistribución del ingreso a partir de la acción estatal.
- Es por ello que hay que considerar que el instrumento fiscal pueda ser una herramienta significativa para el logro de objetivos de Justicia redistributiva entre los integrantes de la población. No obstante hay que remarcar que algunos autores enfatizan que los objetivos redistributivos de la renta y de la riqueza deben descansar sobre los efectos del gasto público, y no tanto sobre el sistema tributario. En general se podría concluir que será el efecto conjunto (neto) de costos (impuestos) y beneficios (gastos). El efecto final dependerá de la fuerza relativa de cada uno de los lados de la política presupuestaria, en que los lados regresivos quizás compensen con los progresivos, o viceversa. Por otra parte existen otros tipos de políticas que influirán en la redistribución de los ingresos como por ejemplo la política económica, los incentivos, la política de endeudamiento, de pagos de deuda externa, los gastos fiscales, los planes de asistencia social,etc., y también los planes de crecimiento económico, porque sin desarrollo no hay recursos para repartir, entonces en cuanto más se piense en generar riqueza mayores serán los resultados de los ingresos por tributos.
- En un país federal donde coexisten los gobiernos de la Nación, de las provincias y de los municipios, el problema de las diferencias relativas en la distribución de la renta y la riqueza de la población, y por ende , en el nivel de vida de los sectores extendidos a lo largo de la geografía del país consituye un problema redistributivo.
- A los efectos de poder realizar un análisis global de los efectos del sistema tributario global sobre la distribución del ingreso resulta necesario contar con información precisa sobre la presión tributaria global y sobre la composición de dicho sistema en base a la totalidad de herramientas fiscales (tributos) que éste utiliza en todos los niveles de gobierno.
- Los economistas coinciden en que el producto bruto interno per capita consituye un indicador razonable para evaluar la situación distributiva entre unidades jurisdiccionales de un país federal. Esta evaluación resulta de suma utilidad cuando se trata de estudiar los mecanismos de transferencia o coparticipación de tributos entre los diferentes niveles de gobierno.
- Teniendo en cuenta que no existe país en el mundo con una distribución del producto bruto interno per capita homogénea, es decir, igual o similar cualquiera fuera la localización del individuo, las diferencias en el desarrollo económico de las regiones y las derivadas de la desigual distribución de los recursos naturales y potencialidades económicas de cada una provocan la necesidad de establecer regímenes en los cuales las jurisdicciones más favorecidas contribuyan al sostenimiento de las más pobres. Pero el gran desafío es: ¿cómo lograr ese objetivo redistributivo sin alentar conductas negligentes de las jurisdicciones receptoras de las transferencias, tanto en materia de control del gasto como en la de su capacidad recaudatoria de tributos locales?
- Un régimen de transferencias o de redistribución de la recaudación tributaria entre las distintas jurisdicciones es el mecanismo utilizado para otorgarle equidad a la distribución entre los pobladores de distintos sectores geográficos. En Argentina, esa función es cumplida por el sistema de coparticipación federal , el cual arrastra algunas imperfecciones como por ejemplo incorrectas políticas de gasto público e ineficacia recaudatoria de los recursos propios por parte de los estados provinciales.
- Con el ánimo de favorecer una tendencia a la Correspondencia Fiscal , ciertos economistas proponen una reformulación de los sistemas de transferencias interjurisdiccionales midiendo la contribución a recibir por cada estado multiplicando el número de habitantes por la diferencia entre el gasto público promedio per capita menos la recaudación potencial per capita. Esta fómula para determinar las transferencias contribuye a incentivar los estados provinciales para tornar eficiente la recaudación de recursos propios frente a la apatía que promueve un régimen de coparticipación basado prácticamente en su totalidad a los esfuerzos de la administración tributaria federal.
- La problemática de la distribución del ingreso involucra cuestiones de equidad tanto horizontal como vertical, pero debe agregarse al análisis general de la incidencia del sistema tributario sobre tales conceptos la cuestión de la distribución de la carga fiscal entre sectores de la población distribuidos en distintas regiones geográficas de una nación con sistema de gobierno federal. Para ello, el principio de correspondencia fiscal entre las funciones de los estados locales (generadoras de gasto público) y la financiación de las mismas (sistema impositivo) debe ser permanente considerado.
- Los grandes márgenes de incumplimiento y de evasión desnaturalizan la legitimidad social del sistema impositivo y distorsionan la distribución de la carga fiscal como ésta habia sido delineada.
- La minimización de los costos de cumplimiento fiscal para los contribuyentes constituye un objetivo que, a la vez de mejorar la eficiencia del sistema tributario, disminuya la regresividad propia de estos costos.
- El logro de la justicia general del sistema tributario y de un régimen de coparticipación de impuestos contribuye a mejorar los niveles de cumplimiento generalizado de las obligaciones fiscales, y con ello, a asegurar la obtención de los objetos redistributivos perseguidos por la política fiscal. Ello por cuanto la existencia de dicho valor evita el fenómeno de resistencia social al cumplimiento, pero deber ser complementado con la eficiencia gubernamental en las restantes políticas públicas y una imagen de acción eficiente y honestidad en los hombres de gobierno a los que el ciudadano común confía el destino de sus contribuciones fiscales. Asimismo para cultivar la cultura del cumplimiento tributario se debe mantener una adecuada percepción del riesgo por el contribuyente. Implementar y continuar con los mecanismos de Educación Tributaria en todos los niveles de la educación de los Gobiernos Nacionales y Subnacionales, que tiendan a concientizar a la población y al sector empresarial sobre sus responsabilidades y compromisos sociales redundará en beneficios para todos.
- Para un nuevo régimen de coparticipación y teniendo en cuenta las enormes desigualdades que existen entre las provincias, los porcentajes de distribución primaria y secundaria deben ser objeto de una revisión de fondo. Los parámetros o índices de distribución secundaria deben contemplar la realidad de las regiones o provincias más pobres y sus posibilidades de desarrollo si contaran con más recursos, al tiempo que es necesario establecer mecanismos de control del gasto que garanticen el uso específico de los recursos y no su instrumentación para objetivos caprichosos.
- Estas conclusiones, y algunos conceptos desarrollados, podrían ser parte de los fundamentos en un proyecto de ley convenio de coparticipación federal y creación de un Organismo Fiscal Federal, como asimismo podrían considerarse instrumentos de política fiscal. Habría que instalar el debate en la Comisión de Origen para que la mayoría defina sobre que parámetros o sobre que porcentajes se realizarían las distribuciones primarias y secundarias, y cuyo OBJETIVO, sea la sanción de una nueva ley de acuerdo a la Constitución, si no se piensa en otra Reforma Constitucional.
Observando todos los antecedentes que dejó la labor de la Constituyente del 94 , los proyectos entrados luego y las últimas leyes dictadas, se puede advertir que existen bastantes coincidencias. Faltaría la voluntad política de tratar el proyecto con dictamen de mayoría y minoría en ambas Cámaras, porque si no habrá que seguir sufriendo decisiones o actos que no surgen de la voluntad legítima del pueblo y del consenso generalizado de todos los sectores de la sociedad.
Como ejemplo se detallan a continuación las coincidencias entre los diferente proyectos:
1. Creación del Organismo Fiscal Federal, o continuidad de la Comisión Federal de Impuestos con nuevas funciones
2. Masa Coparticipable: Todos los impuestos recaudados por la Nación, excepto los recursos
de la seguridad social. Exclusión de los derechos de importación y exportación.
3. Distribución Primaria: La mayoría otorga un porcentaje menor a la Nación, aunque haya algunos que lo sugieren al revés, como hay otros pocos que dicen 50 y 50
4. Distribución Secundaria: Tener en consideración la población como porcentaje a aplicar, lo tiene en cuenta la mayoría casi absoluta.
También son varios los que coinciden en aplicar un porcentaje sobre la brecha de desarrollo
Otros quieren aplicar porcentajes relacionando PBI y Gastos, o necesidades básicas insatisfechas, zonas de frontera, zonas sísmicas, etc.
Hay coincidencias en cuanto a aplicar las normas del Convenio Multilateral del año 1977
5. Derogación de impuestos que se superpongan.
6. Automaticidad en la remisión de los fondos
7. Tratamiento y Análisis del endeudamiento.
Como asimismo se observa en las últimas leyes dictadas una tendencia a delinear con las mejores intenciones algunas bases conceptuales, y propiciar una nueva ley convenio, de acuerdo a lo siguiente:
Ley 25.400, Art. 7
SEPTIMO: Si al 31 de diciembre de 2003 no se hubiera sancionado una ley convenio de coparticipación de impuestos de conformidad al art. 75 inc. 2 y cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional, el gobierno nacional podrá enviar al Honorable Congreso de la Nación, previo acuerdo de los gobernadores, un proyecto de ley que incorporará las siguientes definiciones:
a. La masa a coparticipar podrá incluir todos los recursos nacionales, con excepción de los derechos de importación y exportación previstos en los Artículos 4° y 75 inc. 1° de la Constitución Nacional;
b. los recursos a transferir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cada año serán el promedio plurianual de lo recaudado coparticipable en los ejercicios anteriores;
c. los recursos que sean desafectados del financiamiento del Sistema Nacional de la Seguridad Social como consecuencia de la disminución del déficit previsional, se distribuirán entre la Nación por una parte, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires por la otra;
d. se contemplará la introducción de instrumentos fiscales eficaces a los fines de atemperar los efectos del ciclo económico;
e. el sistema de transferencias será simplificado, eliminando las precoparticipaciones que sufren actualmente diversos tributos;
f. los nuevos criterios para el reparto secundario serán aplicables sobre el incremento de la recaudación a coparticipar;.Comisión Federal de Impuestos Comisión Federal de Impuestos
g. la constitución de un Organismo Fiscal Federal que tendrá a su cargo el control y fiscalización del futuro régimen de coparticipación federal de impuestos, el que deberá asegurar la representación de la Nación, las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley 23.235, Art. 7.
“SEPTIMO: Si al 31 de diciembre de 2003 no se hubiera sancionado una ley convenio de coparticipación de impuestos de conformidad al Art. 75 inc. 2 y cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional, el gobierno nacional podrá enviar al Honorable Congreso de la Nación, previo acuerdo de los gobernadores, un proyecto de ley que incorporará las siguientes definiciones:
a) La masa a coparticipar podrá incluir todos los recursos nacionales, con excepción de los derechos de importación y exportación previstos en los Artículos 4° y 75 inc. 1° de la Constitución Nacional;
b) los recursos a transferir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cada año será el promedio plurianual de lo recaudado coparticipable en los ejercicios anteriores;
c) los recursos que sean desafectados del financiamiento del Sistema Nacional de la Seguridad Social como consecuencia de la disminución del déficit previsional, se distribuirán entre la Nación por una parte, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires por la otra;
d) se contemplará la introducción de instrumentos fiscales eficaces a los fines de atemperar los efectos del ciclo económico;
f) El sistema de transferencias será simplificado, eliminando las pre-coparticipaciones que sufren actualmente diversos tributos;
g) los nuevos criterios para el reparto secundario serán aplicables sobre el incremento de la recaudación a coparticipar;
h) los nuevos criterios para el reparto secundario serán aplicables sobre el incremento de la recaudación a coparticipar;
i)la constitución de un Organismo Fiscal Federal que tendrá a su cargo el control y fiscalización del futuro régimen de coparticipación federal de impuestos, el que deberá asegurar la representación de la Nación, las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
LEY 25.570 - Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
a) “Artículo 7: Las partes se comprometen a sancionar un régimen integral de coparticipación federal de impuestos antes del 31 de diciembre de 2002 que, sobre la base de lo establecido precedentemente, incorpore los siguientes componentes:
b) La creación de un Organismo Fiscal Federal, conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
c) La constitución de un Fondo Anticíclico Federal financiado con los recursos coparticipables, a los fines de atemperar los efectos de los ciclos económicos en la Recaudación;
d) Un régimen obligatorio de transparencia de la información fiscal de todos los niveles de gobierno;
e) Mecanismos de coordinación del crédito público y del endeudamiento de los gobiernos provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Evaluación de una descentralización de funciones y servicios desde el ámbito nacional al provincial.
g) La implementación de la armonización y financiamiento de los regímenes previsionales provinciales. Comisión Federal de Impuestos Comisión Federal de Impuestos
h) La definición de pautas que permitan alcanzar una simplificación y armonización del sistema impositivo de todos los niveles de gobierno.
i) La coordinación y colaboración recíproca de los organismos de recaudación nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios.
j) Establecer indicadores de distribución sobre la recaudación incremental, en base a competencias y funciones, que aumenten la correspondencia y eficiencia fiscal.
k) La descentralización de la recaudación y la administración de tributos nacionales a las Provincias que así lo soliciten, y sea aceptado por la Nación.”
Con el espíritu de alentar o propiciar el debate de este tema, pongo a consideración Comisión de Estudios Tributarios de la UMSA esta colaboración, para que entre todos los interesados logremos perfeccionar y hacer más justo nuestro Sistema Tributario.
6. Bibliografía Preliminar
Congresos y Seminarios
9° Congreso Tributario, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,25 al 27 de octubre del 2001. Conclusiones Informes de Relatorías del Tema 1: “La reestructuración de los sistemas tributarios: tendencias de las reformas
introducidas en el ámbito internacional a partir de la década de los 80”, y “La distribución
del ingreso y de la carga tributaria: Los efectos redistributivos de la Política Fiscal”.
11 Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, Tucumán 1996, FACPCE, Área IV, Sector Público, Conclusiones, y Trabajos de Olazábal, Raúl Miguel; Cano,Nora; Rocha, Vicente; sobre Coparticipación Federal de Impuestos. *
12 Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, Córdoba 1998, FACPCE
Área 4, Tributaria, Laboral, y Provisional, Conclusiones y Trabajos presentados de Olazábal, Raúl, Joaquín y Dadi, sobre Coparticipación federal de Impuestos.*
13 Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, Bariloche 1998,
FACPCE, Área IV, Tributaria, laboral y Provisional, Conclusiones y Trabajos de
Olazábal, Dadi, José Levy Hara, y Ricardo Fenochietto y Pardo.*
Segundo Seminario Internacional, 3 y 4/10/02 “El régimen Tributario de los Gobiernos
Locales”.Facultad de Ciencias Jurídicas Usal y Facultad de Derecho Universidad Nacional
De Lomas de Zamora.(www.comfedim.gov.ar)
El principio de la Equidad Tributaria y el vinculo de la Solidaridad Social: la relación entre
Las necesidades financieras del Estado y la Justicia Económica, Conferencia Técnica del
CIAT, Taormina, Italia, 2 al 5 de octubre del 2000, Boletín N° 40, Afip, nov. 2000.
Congreso de Administradores Tributarios, de la Asociación Mutual de DGI, y del IEFPA,
MAR DEL PLATA, 2000.
Libros
(1) - Bulit Goñi, Enrique, Derecho Tributario Provincial y Municipal, Ed. Buyatti, 2001
(2) - 1) Dres. Capello, Marcelo y Carlos Ponce, 2°) Dr. Miguel Asensio 3°) Dr. Raúl Olazábal
1°, 2° y 3° Premio Anual 1995,96 FACPCE, CECYT, “Federalismo Fiscal y Coparticipación de Impuestos: una propuesta equitativa y solidaria.”
(3) - Casás, José Osvaldo ,Presión Fiscal e Inconstitucionalidad, Ed. Depalma, 1992.
(4) Jarach Dino, Finanzas Públicas, Esbozo de una Teoría General, Ed. Cangallo, 1978.
(5) - Lio, María Gabriela , Federalismo Fiscal y Coparticipación Provincial, Boletín Impositivo AFIP, N° 33, 2000.
(6) - Pérez Hualde, Alejandro, Coparticipación Federal de Impuestos, en la Constitución Nacional, Ed. Depalma, 1999, Prólogo del Dr. Enrique G. Bulit Goñi.
(7) Frias, Pedro , Regiones.........Foro Politico- Revista del Instituto Estudios Politicos, Economicos y Estrategicos de la UMSA, Volumen XXXIV, Abril del 2002, Regiones.........
Páginas web:
www.afip.gov.ar
www.ca.gov.ar
www.cepal.org/search/temas2.asp
www.comfedim.gov.ar
www.cpcecf.org.ar
www.cristal.gov.ar
www.facpce.org.ar
www.indec.mecon.gov.ar
www.mecon.gov.ar
www.mininterior.gov.ar
Además de todos los links recomendados en estas páginas.
*Participación personal con acreditación en:
11,12 y 13, Congreso FACPCE, 96, 98 y 2000
9° Congreso Tributario CPCECF , octubre del 2001
CONGRESOS IEFPA , Mar del Plata, años 1999,2000
99: La sociedad Actual y el Cumplimiento Tributario IX Encuentro
2000: Las nuevas Formas del Fraude Fiscal – Herramientas para Combatirlo X Encuentro
BUENOS AIRES, MARZO DEL 2003
COMENTARIOS SOBRE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Al 5.09.2004
Al 5 de agosto del 2004 se sancionó la ley de responsabilidad Fiscal. Esta ley fue muy cuestionada, y luego de no haber podido los gobernadores llegar a un acuerdo en el reparto de impuestos y sancionar una ley de coparticipación como estaba prevista fue sancionada y aprobada por mayoría.
El aspecto positivo es que permitirá sanear algo la deuda interna, y es una expresión de deseos de querer interiorizarse y solucionar el problema del interior del país.
Queda pendiente la formulación de una ley de coparticipación federal, no realizada para el Fondo Monetario Internacional que la está pidiendo y de acuerdo a sus exigencias, sino una ley de coparticipación para todas las provincias argentinas,que permita balancear las desigualdades, fomentar el desarrollo de nuestro país, dar educación a todos, lo que permitirá evolucionar y crecer, como está comprobado con todos los países que han invertido en educación, evitar la doble imposición nacional y subnacional, hacer que lleguen fondos genuinos y de la Nación a las Provincias, y que incluyan cláusulas asimismo que estos fondos lleguen a los Municipios, es en el interior de nuestro país en donde realmente en distintas situaciones se presentan las mayores necesidades de salud, empleo, nutrición, supervivencia infantil, seguridad, educación, vivienda, calidad ambiental y ecológica, etc.
Es importante mejorar la calidad y necesidades insatisfechas de cada uno de los habitantes, porque si cada uno está mejor , todos en conjunto podremos estar mejor.
La ley que busca ordenar las finanzas de las provincias y poner un tope a sus endeudamientos contempla un tope del 15 por ciento de los gastos corrientes, que no podrán superar las provincias al momento de endeudarse. Además la ley establece un límite al gasto público de las provincias que estará atado al crecimiento del PBI nacional. Según la iniciativa, las provincias no podrán aumentar el gasto por sobre el incremento del PBI, estimado para el año que viene en un 6 por ciento . Sin embargo, el texto no incluye sanciones directas a los gobernadores o funcionarios, como existe en la ley vigente en Brasil, por lo cual el organismo de crédito internacional opina que no cumple con los requisitos deseados.
Creo que estamos en el camino hacia la reforma, la esperanza siempre está, y las actitudes de gobierno nunca dejan de pintarse de verde esperanza, aunque todo sea muy difícil bajo el contexto geográfico y de errores del pasado que llevamos como pesada mochila.