LA FACTURA “A” PASO A SER UN PRIVILEGIO DE POCOS

 

Por CP Germán Dahlgren

 

Ya es de plena aplicación la “nueva” factura clase M, reglamentada en todo lo atinente a su implementación y funcionamiento por la AFIP mediante la Resolución General 1575 de fecha 10/10/2003

 

Dentro del marco legal previsto, la emisión de la mencionada factura M, impide al emisor la percepción del IVA discriminado y lo hace objeto de dos retenciones distintas y simultáneas puestas a cargo del comprador. Una de ellas consiste en la retención del total del  IVA discriminado y la otra de un 3% sobre el monto facturado a cuenta del Impuesto a las Gananacias

 

La norma está previendo además que dicho comprobante sea obligatoriamente utilizado por aquellas nuevas empresas y contribuyentes individuales que se inscriban en la AFIP como Responsables Inscriptos en el IVA y que por primera vez soliciten autorización para emitir facturas tipo A, en la medida que no acrediten “solvencia patrimonial”.

 

Dada la actividad dolosa realizada en torno a la facturación falsa, era previsible que en algún momento el organismo recaudador adoptara las previsiones necesarias para impedir el funcionamiento de circuitos clandestinos que habían hecha de la fabricación de facturas apócrifas una actividad rentable y permanente.

 

Para ampliar el concepto previo, diremos de una manera breve, y sin mayores precisiones técnicas, que dentro del régimen anterior, la discriminación del IVA en la factura emitida por un responsable inscripto, autoriza al comprador la utilización del IVA discriminado en la factura como un crédito a su favor computable contra el IVA que pudiera surgir de su liquidación mensual.

 

Esta circunstancia permitió que en reiteradas ocasiones, se inventasen responsables emisores y se fraguasen operaciones inexistentes en los hechos, para crear un crédito falso, que si bien era utilizable por el comprador, resultaba de recaudación imposible para el Fisco

 

Por eso resulta evidente que la norma está apuntada a impedir la  utilización apócrifa de facturas o documentos equivalentes (Léase truchos) con la finalidad de generar créditos fiscales ilegítimos o erogaciones inexistentes, así como impedir la existencia de organizaciones delictivas  que directa o indirectamente faciliten ese procedimiento fraudulento.

Hemos citado más arriba que estaban excluidos de las limitaciones de la factura M, aquellas firmas contribuyentes que pudiesen acreditar solvencia financiera y con ello pudiesen asegurar al fisco el ingreso real del impuesto discriminado en las facturas tipo A.

Entiende la norma que son patrimonialmente solventes quienes puedan acreditar tenencias de bienes a través de sus DDJJ de Bienes Personales por un importe superior a $102.300, o  lo hagan a través de la DDJJ de Ganancia Mínima Presunta por una suma de $200.000   o bien puedan acreditar la titularidad de inmuebles o automotores por más de $50.000

Dentro de las limitaciones legales indicada cualquier contribuyente que no pueda satisfacer los tres requisitos del párrafo anterior, deberá sin otra alternativa posible, solicitar la impresión de  comprobantes  “M”, quedando sujeto a la retención del 100 por ciento del IVA discriminado en la factura más otra retención del 3 por ciento correspondiente al impuesto a las Ganancias, por toda operación superior a los 1.000 Pesos.

Es decir si un  mayorista emite factura "M" y vende sus productos a un comerciante, éste deberá actuar como agente de retención y descontarle el valor total del IVA más un 3 por ciento por Ganancias.

Para poder seguir de cerca la marcha de la facturación del nuevo inscripto  la AFIP sólo autorizará la impresión de 100 comprobantes y efectuará un exhaustivo control sobre el contribuyente, quien deberá informar el nivel de ventas en forma cuatrimestral, para poder determinar si puede ser recategorizado y considerado un “buen contribuyente”.

A modo de atenuar los efectos del nuevo sistema de facturación, la normativa dispone que cuando el contribuyente no cumpla con los requisitos de solvencia patrimoniales, podrá optar por usar la factura clase "A" con la leyenda "Pago en CBU informada", para lo cual deberá depositar el pago total de la compra en una cuenta bancaria (Corriente o caja de ahorro) informada al organismo fiscal.  En este caso, se autorizará la emisión de sólo 100 comprobantes. De hecho, en cuanto limita las posibilidades de aplicación de este mecanismo a las operaciones de contado, dadas las modalidades operativas, no parece ser esta una alternativa viable.

Las paradojas del privilegio

En este contexto solamente tendrán el privilegio de emitir facturas "A" los contribuyentes que afortunadamente cuenten con respaldo patrimonial o que ya hayan estado emitiendo estas facturas al tiempo de la vigencia de la norma comentada. Además, estos  contribuyentes serán “premiados” por la AFIP, quien autorizará la impresión de comprobantes sin límite ni restricción alguna.

Curiosamente, en un evidente contrasentido con el espíritu de la norma - ya que la norma solo se refiere a  nuevos contribuyentes - este privilegio, concede una pantalla de mañosa regularidad a la situación de los sujetos que ya se encontraban emitiendo o recibiendo facturas “truchas”,

Los perjudicados

Resulta claro, a pesar del loable espíritu preventivo de la ley,  que este nuevo sistema de control se convierte en un castigo más para el pequeño contribuyente cumplidor, sin solvencia patrimonial que no utiliza facturas “truchas”,  ni forma parte de organizaciones delictivas.

Esta suerte de discriminación, conlleva excesivas cargas formales  no solo a este grupo de “insolventes”, sino también a sus clientes o quienes contraten con ellos, quienes  tendrán que cumplir con las obligaciones de retención e información de los mencionados impuestos.

Pero no solo los contribuyentes “insolventes” son los únicos perjudicados, sino también los contribuyentes que iniciando su actividad sin poseer bienes registrables, solo dispongan de otros tipos de activos no registrables como mercaderías, efectivo u otros similares. 

En el caso que citamos, si un pequeño comerciante mayorista inicia actividades y  por cuestiones operativas se inscribe como Responsable Inscripto con un capital de trabajo constituido por mercaderías y efectivo que superan los $ 50.000 exigidos inicialmente, también tendrá vedada la posibilidad de emitir facturas A.

La condena social  

A nadie puede escapar la condena social implícita en la letra M impresa en sus facturas. En buen romance, esa letra más que una calificación implica una descalificación social discriminatoria, que divide al padrón de contribuyentes entre ricos y novatos insolventes.

La norma establecida sigue agravando el problema de fondo. Porque dentro de nuestros funcionarios tributaristas no se ha entendido todavía, que el problema de fondo de la Argentina de hoy, no es recaudar sino crear empleo.

Conclusión

No hay dudas de que la existencia de facturas apócrifas es un flagelo de graves consecuencias para la sociedad en su conjunto que altera la sana competencia entre empresas de todo tipo, y se la debe combatir con medidas sensatas que apunten al fondo del problema. Ahí está el problema, en recuperar la sensatez para asegurar la racionalidad del sistema.

En rigor, el nuevo régimen de facturas M parece solo destinada a erradicar la evasión en facturas con IVA discriminado que se dá a través de la emisión de boletas "truchas", pero no parece justificada si también con ello se castiga a contribuyentes de buen fe, cuyo único problema es no tener la suerte de ser solventes o pero aún siendo solventes, no poseen bienes registrables.

Mario Vargas Llosa al prologar El Otro Sendero, esa obra monumental de Hernando de Soto,  ha dicho que cuando el impuesto se hace privilegio de ricos, la evasión es la alternativa de los pobres.  Por eso, mientras se siga legislando para ricos, estaremos condenando a la evasión a quienes solo tienen de patrimonio la solvencia de su inquietud creadora y no se resignan a ser piqueteros a sueldos.