LOS PAGOS EN EFECTIVO SUPERIORES A $ 1.000 Y SUS EFECTOS IMPOSITIVOS

 

Por CP Germán Dahlgren – Dr Marcelo Santalucía

Especialistas en cuestiones tributarias

 

Antecedentes

La sanción de la ley 25.345 de antievasión, tuvo por claro objetivo, propender a una progresiva “bancarización” de toda la economía, con el loable objetivo de combatir el enorme flagelo de la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Entre algunas de las medidas establecidas, se dispuso que no surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a $ 1.000 que no fueran efectuados mediante los medios de pagos enunciados en dicha norma aún cuando se acredite la veracidad de las operaciones.

Entre los medios de pagos autorizados, encontramos los realizados vía depósito bancario, giros o transferencias bancarias, con cheques o cheques cancelatorios,  tarjetas de crédito y compra/débito o con factura de crédito, entre otros medios autorizados

Y para agravar aún mas la cuestión la AFIP dictó una polémica Resolución General que bajo el Nro 1.547  “reglamentó” la mencionada ley especificando las características que deben reunir  dichos  medios de pagos para que sean considerados válidos fiscalmente.

Así y en principio, todo pago que no sea efectúe mediante alguna de las modalidades indicadas, no será computable a los fines de su deducción como gasto en el impuesto a las Ganancias, ni como crédito fiscal en el IVA.

La impugnación de la AFIP de pagos realizados en violación a lo comentado, tampoco requiere transitar por el procedimiento de determinación de oficio, bastando la mera intimación de pago de las diferencias resultantes.

Consecuentemente, la AFIP, luego de transcurrido el plazo otorgado en la mencionada  intimación, estaría habilitada para iniciar el proceso de ejecución fiscal tendiente al cobro de las diferencias impugnadas en al inspección.

El tema según la jurisprudencia

Ante semejantes y desmedidas exigencias totalmente alejadas de usos y costumbre comerciales, era de esperar que contribuyentes afectados por estas disposiciones, acudieran a la justicia a los fines de  salvarguardar sus derechos.

En esa idea y haciendo eco al reclamo de un contribuyente afectado, el Juzgado Federal de la Río Cuarto en la causa "Rappen Automotores SA c/AFIP (DGI) - Acción declarativa de certeza" dijo que el derecho tributario no puede edificarse desentendiéndose totalmente de la realidad, ni inmolando los cimientos de un sistema jurídico.

Así la medida puso freno al avance de las actuaciones del fisco en un proceso de inspección, por medio del cual se intentaba impugnar todos los pagos realizados por la firma en aparente colisión con el régimen establecido por la resolución general (AFIP) 1547 sobre medios de pago e  impugnar el crédito fiscal originado en la compra de bienes usados a consumidor final.

El Tribunal consideró que el derecho invocado por la empresa actora era verosímil, destacando que se observa, en la materia, una muy nutrida profusión de normas, muchas de ellas, inclusive, contradictorias entre sí.

Destacó la sentencia que la mentada "ley antievasión" excede con holgura el marco de lo estrictamente fiscal, al intentar modificar cuestiones regidas por el derecho privado derogando implícitamente dispositivos del Código Civil.

Además,  advierte el fallo,  que se encuentra en plena vigencia el artículo 34 de la ley 11683, según la cual, si bien el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a condicionar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente a la utilización de determinados medios de pago, aquellos que no sean realizados por tales  medios "quedan obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor los conceptos indicados".

Es decir, se continúa admitiendo la alternativa de probar la existencia de las operaciones, a fin de poder acordarles efectos tributarios, circunstancia que es rechazada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

 

Conclusión

Como venimos insistiendo la vía para terminar con el enorme flagelo de la evasión fiscal debe transitar el camino del respeto irrestricto de la Ley y no descuidar los usos y costumbres.

Obligar  a los contribuyentes al cumplimiento de normas alejadas de la realidad  y de las prácticas comerciales no hace mas que agravar la delicada situación de muchas pequeñas y medianas empresas y compromete su existencia misma.

Estas situación se torna mas evidente y  palmaria en esta zona del país, donde la tan mentada bancarización de las operaciones  esta aún muy lejos de alcanzarse.

Las efectivas medidas deben enfocar el problema de forma integral, insistir con  normas destinadas solamente a encausar la conducta de los contribuyentes es desconocer  la realidad y condenarlas al fracaso.