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Autos de más de u$s41.000 pagarán impuesto al "lujo"

En los primeros meses de la gestión de Macri, el tributo afectaba a 0 km de más de u$s80.000. Si bien el Gobierno eliminó escalas, termina castigando a vehículos de valores similares a la gestión de CFK.

Publicado Domingo 10

En la campaña de 2015, el entonces candidato Mauricio Macri había prometido eliminar los Impuestos Internos a los autos de lujo, algo que parecía poder concretarse cuando, en diciembre de ese año, el ministro Alfonso Prat Gay había dado señales de que le quedaban pocos días a ese tributo que se comenzó a pagar durante el gobierno kirchnerista y que, en 2014, durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, alcanzó un nivel récord de modelos afectados por tener una base imponible muy baja

Pese a las promesas electorales de Cambiemos, la realidad mostró lo contrario. Si bien en un principio modificó las escalas -se eliminó la más baja- para atenuar la carga, el Gobierno se despide sin cumplir completamente esa promesa. A los fines prácticos, concluye el mandato con una alta presión impositiva.

Según la actualización de escalas dispuesta esta semana, los 0 km de más de u$s41.000 estarán afectados por este tributo. El mismo valor que estaba alcanzado cuando asumió el Gobierno. En enero del 2016 se modificaron las escalas, llevando a un precio más lógico para un impuesto considerado al “lujo”, por arriba de los u$s80.000, pero los vaivenes de la política cambiaria lo colocan ahora en los niveles que regían a fines de la gestión kirchnerista. Es cierto que al eliminar una escala, en 2017 y modificar la alícuota impositiva, alivió la presión de un segmento inferior pero al mantener el tributo, tal como está en la actualidad, la mejora se diluyó. Estos valores, convertidos en pesos, impactan sobre una gama de vehículos que no llegan a ser premium. A comienzo de año, por ejemplo, la base imponible rondaba los u$s47.000. Hoy la presión tributaria es mayor que hace 11 meses.

El martes pasado - como adelantó Ambito.com- la AFIP aumentó 12,5% la base imponible, por lo que sólo los autos de más de $2.600.000 de precio al público quedarán alcanzados desde el 1 de diciembre por el pago de Impuestos Internos. Esto equivale, según la cotización de ayer, a unos u$s41,100. Hasta el 30 de noviembre seguirá vigente la escala actual que tiene el tope en alrededor de $2.290.000. No hay un valor exacto debido a que varía según el margen comisional que aplique cada empresa.

Actualmente, la base imponible de valor de venta a concesionarias es de $1.626.763 y pasará el mes próximo a $1.831.084 y regirá hasta el 29 de febrero. A eso hay que sumarle el pago del IVA y la comisión del dealer para llegar al valor final. La actualización se realiza trimestralmente. En esta oportunidad es en base a la inflación acumulada entre julio, agosto y septiembre, aunque comience a regir en diciembre. Esto se debe a que la inflación de septiembre se conoce a mediados de octubre y, por problemas de implementación, se necesitan más días para su puesta en marcha.

El problema de este gravamen -que tiene un alícuota de 20%- es que, por la forma en que se aplica, los 0 km que quedan afectados, sufren un aumento del 25% sobre el valor de la unidad, lo que hace que esos modelos queden descolocados contra la competencia. Es por eso que muchas marcas deciden “topear” los autos justo debajo de la base imponible para no ser castigados con un mayor peso impositivo. Eso altera todas las escalas de precios de los demás modelos. Hace unos meses, la asociación que agrupa a las terminales (ADEFA) había solicitado que subieran más la base imponible porque estaba afectando a modelos de producción nacional pero el pedido no tuvo respuesta positiva. También el reclamo era porque muchos modelos que están fijados en dólares, al devaluarse el peso, caen en el pago del tributo y, en la práctica, por el encarecimiento, dejan de venderse. Desde las empresas le reclamaron al Gobierno, que al perder ventas por los precios elevados, se afecta la recaudación, el principal objetivo de un impuesto. La justificación de los funcionarios se basó en el costo político que tendrían quitarle impuestos a un segmento de autos considerados de lujo.

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